Manipulación vergonzosa
Desde esta atalaya se han lanzado también campañas sensibleras en las que se presenta la cría homosexual de niños como una realidad social amplia y benéfica (en España se permite la adopción por parte de solteros).
Para apoyar todo esto desde la “ciencia”, el Colegio de Psicólogos de Madrid elaboró un estudio en colaboración con la Universidad de Sevilla para demostrar que los niños crecen perfectamente en familias homoparentales. El estudio en cuestión, elaborado sin el más mínimo rigor, carecía de aleatoriedad y de grupo de referencia. Se limitaba a evaluar a dos decenas de familias elegidas por las asociaciones gays entre la clase media alta. A la vez, se han ocultado de forma deliberada estudios norteamericanos como el Bailey o el Golombok and Tasker que demuestran que la homosexualidad se dispara hasta cifras de entre el 9% y el 25% en los niños criados en estas familias.

La voz de alarma
La alarma partió de las instancias jurídicas consultadas por el Gobierno para la reforma legal: Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Real Academia de Jurisprudencia y Legislación señalaron la inconstitucionalidad del texto de la reforma –porque la Constitución Española define expresamente el matrimonio como la unión de hombre y mujer– y consideraron que las uniones entre homosexuales requerían una ley diferente a la que actualmente regula el matrimonio entre hombres y mujeres, al constituir una realidad distinta.
Nada fue escuchado y el pleno del Congreso aprobó finalmente, el 21 de abril, el proyecto de ley, que podría entrar en vigor este verano. El texto salió adelante en una Cámara profundamente dividida en asunto tan crucial, con 183 votos a favor, 136 en contra (del Partido Popular y de algunos democristianos de CiU) y 6 abstenciones.
La ley española es más radical que cualquier otra iniciativa de regulación de relaciones homosexuales.

Rentabilidad política
Los países europeos, en efecto, que han decidido reconocer los efectos jurídicos de las uniones homosexuales lo han hecho en su mayoría siguiendo el modelo francés (contrato privado) o el modelo escandinavo (registro público de parejas), creando con ello un instrumento específico, distinto del matrimonio. Incluso en los dos únicos países que han abierto el matrimonio a parejas homosexuales –Holanda y Bélgica– se mantienen algunas limitaciones en cuanto a la filiación y adopción.
Es tan abrupta la postura del Gobierno que sólo cabe explicársela en términos de rentabilidad política. Zapatero desea darse un baño de “progresismo” y parece convencido de que esta maniobra puede tapar sus fracasos en política educativa, de infraestructuras o internacional, el escándalo por la negociación con ETA o la ruptura del consenso con el partido mayoritario de la oposición.

Un acto totalitario
Así las cosas, se ha producido la iniciativa de una manifestación convocada por numerosas organizaciones católicas el 18 de junio en Madrid. Puesto que se ha presentado el matrimonio gay como el reconocimiento de un derecho, hay muchas personas que se recatan de tomar partido, por no lesionar la sensibilidad de algunos homosexuales. Se preguntan: ¿quién soy yo para determinar lo que vale y lo que no? ¿Acaso no hay parejas heterosexuales que fallan, o padres y madres convencionales que maltratan a sus hijos? ¿Por qué los homosexuales no van a ser buenos pedagogos?
Una postura así pasa por alto la destrucción del matrimonio que está teniendo lugar. Por decisión del Gobierno los españoles vamos a casarnos sin que se valore en absoluto nuestra respectiva aportación sexual, como si no importase en la configuración de la familia la presencia de marido y mujer, de padre y madre. Lo que se presenta como un derecho de los homosexuales es una conculcación del derecho de los demás a que nuestras uniones sean reconocidas por su especificidad, que es precisamente su pluralidad sexual. Semejante decisión, que consagra que en España el matrimonio no es ya la unión de varón y mujer, no ha sido apenas consultada y se impone, con sus graves consecuencias sociales, a una sociedad con serias dudas al respecto y sin espacio para la objeción de conciencia. Es un acto totalitario pretender que las escuelas enseñen en España lo que contradice el sentido común, la naturaleza y la experiencia de toda la Historia de la Humanidad.